Reparten 35,5 millones de euros a las CCAA para programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural

En la reunión se ha acordado la distribución de 32.968.339 euros para programas de desarrollo rural. De esta cantidad se ha asignado 31.776.455 euros a la ayuda de Estado a invernaderos de tomate a distribuir entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

En la Conferencia Sectorial del pasado 7 de julio de 2010, se informó a las Comunidades Autónomas del Programa de Apoyo a la producción de tomate de invernadero para la mejora de explotaciones especializadas en la producción de tomate fresco. Posteriormente la Comisión Europea autorizó la propuesta presentada por el MARM para conceder ayudas de Estado extraordinarias para este fin.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino responde así a la demanda del sector de producción de tomate de invernaderos español, mediante el apoyo a las explotaciones productoras de tomate de invernadero a través de la medida de desarrollo rural de «Modernización de Explotaciones Agrarias». Ello se ha instrumentado dentro de los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas implicadas, a través de una ayuda nacional, es decir, sin cofinanciación por parte del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La Conferencia Sectorial también ha aprobado para los proyectos piloto asociados a la Red Rural Nacional la asignación de 740.358 euros a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este crédito quedaba pendiente de confirmación y completa los 36 proyectos pilotos asociados a la Red Rural Nacional aprobados anteriormente, por un importe total de 12.736.800 euros.

Por otro lado se han asignado un total de 451.615 euros a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Modulación de Ayudas Agrarias. Esta norma se promulgó en Castilla-La Mancha para su aplicación a los pagos directos que recibieron los agricultores con arreglo a los regímenes de ayuda de la política agraria común.

Dentro del capítulo de programas ganaderos se ha repartido un total de 2.557.512 euros.

Para la mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos, fomento de sistemas de producción de razas autóctonas en regimenes extensivos, se han asignado un total de 1.577.512 euros.

Los beneficiarios de estas subvenciones deberán aplicar unos sistemas de producción y cría ganadera con criterios de sostenibilidad basados en el uso de razas autóctonas y en sistemas extensivos ligados a la tierra y con aprovechamiento de recursos naturales, cumpliendo además unos requisitos por encima de lo establecido en la normativa legal vigente en materia de sanidad animal, bienestar o medioambiente.

Por otro lado, para programas estatales de control y erradicación de las EETs y otras enfermedades de los animales se han asignado 980.000 euros. En concreto esta cuantía está destinada al programa de vigilancia frente a las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).

De esta forma se transfieren fondos que permiten la adquisición de kits de diagnóstico para el programa de vigilancia de las EET. Este programa está basado en la toma de muestras y análisis de animales bovinos, ovinos y caprinos en matadero y en las explotaciones. Con los fondos disponibles se ha realizado una distribución proporcional al volumen de muestras que realiza anualmente cada Comunidad Autónoma.

Por otro lado, en la Conferencia Sectorial también se ha presentado el informe de ejecución de los fondos europeos agrícolas de Garantía Agraria y de Desarrollo Rural, FEAGA y FEADER, correspondiente al ejercicio financiero 2010.

Una vez finalizado el ejercicio financiero 2010 el pasado 15 de octubre, se ha informado a los Consejeros de los pagos realizados con cargo a los fondos europeos agrícolas, FEAGA y al FEADER, correspondientes a las principales medidas de gasto de la PAC. Los gastos realizados con cargo a los fondos europeos agrícolas en el ejercicio 2010 ascendieron a 7.653 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,0% respecto a 2008, es decir, en 221 millones de euros.

En lo que respecta al FEAGA, el ejercicio se cerró con 6.091 millones de euros de pagos, es decir, una reducción del 2,1% con respecto al ejercicio anterior que fue el más alto de la década. El descenso es consecuencia de la reducción de los importes de dos programas temporales, el de reestructuración y diversificación del azúcar y el de arranque de viñedos, que suman una reducción de 182 millones de euros. Por su parte, el FEADER cierra el ejercicio financiero con pagos por un importe de 1.562 millones de euros de gasto público total (incluida la financiación AGE y de las CCAA), lo que supone un incremento del 29,3% con respecto a 2009.

Por último en la Conferencia Sectorial se ha aprobado el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2011 – 2015. El anterior Plan Nacional en vigor, fue aprobado para el período de 2007 hasta 2010, por lo que se hace necesaria la aprobación de un nuevo Plan.

Estos Planes Nacionales de Control se elaboran para dar cumplimiento a lo exigido por el reglamento, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.

El Plan aprobado es el fruto del trabajo que durante 2 años se ha realizado desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con las comunidades autónomas (consejerias agrícolas y consejerias de sanidad), y con la Comisión europea y el resto de Estados miembros de la UE.

El ámbito del Plan incluye la seguridad alimentaria, los piensos, la sanidad animal y vegetal, el bienestar de los animales, la calidad alimentaria comercial y diferenciada, la producción ecológica y los controles fronterizos; es decir todos los aspectos de control oficial entorno al concepto “de la granja a la mesa”.

El concepto “control oficial” engloba a aquellas actividades que realizan las administraciones públicas para comprobar que las personas físicas o jurídicas cumplen con la legislación de los ámbitos mencionados. Estas actividades se agrupan en programas, en los que se establecen objetivos, porcentajes de muestreo en función de una valoración de los riesgos, y se sistematiza el trabajo mediante procedimientos documentados, supervisiones o verificaciones internas y mediante una serie de auditorías.

MARM

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