Por cierto, Adriancito, ¿Qué te parece lo de Óscar Puente y el precio de compra de su casa?
¿Lo del puesto de trabajo de su mujer?
¿Y el de su hermana?
¿Y sus vacaciones de multimillanorio?
Espero ansioso tu repuesta...y entenderla, claro.
"Ami nadie me ha pedido opinión , aquí en la casa dicen que tampoco así que imagino el origen de la encuesta" - fernandezpascual "Pascualín" - 7 de Abril de 2020 -
Fernándezpascual no seas duro con Matías el triste, que nadie le hace caso y el pobre tiene que entrar aquí para hacer un poco el ridiculo, pero bueno es comprensible, está en horas bajas, bueno más bien en años bajos .
Por eso lo mejor es dejarlo que se desarrolle, así tiene algo de felicidad en su día a día .
Ánimo desde aquí te entendemos y apoyamos, de todo se sale .
La Policía destripa la caja B que regó al PP de Almería: 7,2 millones a políticos y técnicos.
La UDEF confirma la doble contabilidad de la constructora Hispano Almería que implica al líder Gabriel Amat y al exalcalde José Cara, hoy al frente del Instituto Agrario de la Junta.
Cargos políticos del PP en Almería y técnicos municipales cobraron presuntas comisiones ilegales de las adjudicaciones de obras a la constructora Hispano Almería. La empresa realizó también pagos que se destinaron a financiar campañas electorales del PP en 2003 y 2008. Es la denuncia que lleva seis años dando vueltas por los juzgados almerienses y que pone negro sobre blanco la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en dos extensos informes entregados el pasado julio en el juzgado número 3 de Almería, donde se investiga a la constructora del Grupo Halsa, con Miguel Ángel Morales, padre e hijo, al frente, y a los que ha tenido acceso El Confidencial.
Según la Policía, el importe total de las obras adjudicadas a Hispano Almería, incluidas aquellas en las que la empresa forma parte de una UTE, suman 77,5 millones entre 2000 y 2010. La UDEF identifica que hay pagos en efectivo a políticos y técnicos por valor de 7,2 millones de euros: 5,4 millones se identifican como pagos a ‘POL’ y 1,8 millones, a responsables municipales de los distintos ayuntamientos investigados. Esos pagos de la constructora “iban destinados a gratificar la concesión de las adjudicaciones de obras y con posibles fines de elusión de sus responsabilidades fiscales”. Muchos salieron de sobrecostes y ampliaciones de presupuesto que la Policía pone bajo sospecha.
La constructora almeriense tenía una doble contabilidad y en la caja fuerte de la empresa aparecieron ‘recibís’ que no constan en las cuentas declaradas y que la UDEF identifica como pagos en B. Eran “reintegros físicos de efectivo de la caja fuerte de la empresa”. En total, se extienden 140 recibís entre noviembre de 1998 y septiembre de 2009.
La Policía analiza, uno a uno, un total de 62 expedientes de obras de Roquetas, como avanzó 'El País'. Los recibís vinculados a estas obras y que se identifican como pagos en B suman los 5,4 millones de euros. Se identifican pagos directos al PP por valor de 111.500 euros, según este informe policial.
La Fiscalía abre una investigación penal por el modo de contratar empleados públicos del Gobierno de Andalucía.
Los denunciados por un delito de prevaricación son el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), mano derecha del presidente, Juanma Moreno, y dos de sus colaboradoras, altos cargos de la administración. La oposición considera que el sistema que puso en marcha Bendodo abre la puerta al "enchufismo".
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto unas diligencias de investigación penal por la contratación de 159 empleados públicos que efectuó la Junta de Andalucía el pasado 8 de julio. Entre los denunciados por un delito de prevaricación –dictar una resolución injusta a sabiendas– está el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, mano derecha del presidente, Juanma Moreno, ambos del PP.
El procedimiento de contratación de empleados públicos, que la consejería de la Presidencia, con la excusa de la emergencia por la pandemia –y con la cobertura jurídica de un decreto-ley– puso en marcha el 8 de julio pasado, estuvo abierto solo 24 horas y se regía por estricto orden de llegada de solicitudes en una dirección de correo electrónico, y no tuvo apenas publicidad.
En la denuncia, las mareas aseguran que la convocatoria no tiene "los requisitos y las garantías de publicidad, mérito y capacidad". "El hacerse por una vía urgente, con 24 horas de plazo y sin necesidad de aportar méritos, y capacidades en un currículo vitae y basar la selección exclusivamente en el orden de entrada en el correo electrónico, entra en colisión con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público", aseguran los denunciantes.
La denuncia pone en cuestión, además, que las 159 contrataciones estuvieran justificadas en el marco de la emergencia de salud pública, "cuestión que no se justifica ni en los puestos de trabajo que se ofertan ni en la finalidad de estas contrataciones".
Así, argumentan los denunciantes,"en la convocatoria aparecen puestos de arquitectos superiores y técnicos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de minas, conservadores de patrimonio etc, que nada tienen que ver directamente con medidas de abordaje o prevención referidas a la pandemia del coronavirus".
Los denunciantes remachan: "Llama la atención que absolutamente ninguna de las profesiones objeto de la convocatoria estén relacionadas con los servicios de salud pública o de la sanidad andaluza, siendo de conocimiento público la situación de saturación, por no de decir de agotamiento y colapso, de los centros de salud, con cierres de centros de salud, falta de sustituciones, camas previstas cerrar este verano en numerosos hospitales. Y todo esto teniendo en el mes de Julio decenas de brotes activos del coronavirus en Andalucía y la necesidad de rastreadores y personal sanitario de refuerzo".
Los antidisturbios cargan sobre una concentración que pedía la dimisión de Ayuso.
Los manifestantes reclamaban frente a la Asamblea de Madrid la mejora de la Atención Primaria y contra los confinamientos selectivos.
A ver,...se puede salir a tocar las cacerolas contra el Gobierno y carear en plan venao con la banderita, pero NO SE PUEDE concentrar nadie para exigir mejoras en la atención primaria de Madrid.
La juez procesa a Inda y Entreambasaguas por acosar a los hijos de Iglesias y Montero.
Intentaron obtener información de la cuidadora, quien tuvo que restringir las salidas de los niños al parque y, al final, rescindió su contrato.
La jueza de primera instancia e instrucción de Collado Villalba, Sara Rodríguez Huertas, ha procesado al director de OK Diario, Eduardo Inda, y a uno de sus redactores, Alejandro Entreambasaguas, como supuestos autores de un delito de acoso a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, vicepresidente segundo y ministra de Igualdad, respectivamente.
La magistrada ha dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado de esta causa abierta con la querella interpuesta por Iglesias y Montero en nombre de sus hijos menores de edad. Y da diez días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral contra Inda, como representante legal de OK Diario, y Entreambasaguas.
El auto detalla cómo el redactor se personó en varias ocasiones en el domicilio de la cuidadora de los niños, con la finalidad de obtener información sobre ella y de su actividad, entre noviembre y diciembre de 2019. Y con la misma finalidad le llamó en varias ocasiones por teléfono, siempre con resultado negativo.
El domicilio de la cuidadora es el lugar donde Iglesias y Montero dejaban a diario a sus hijos a su cargo durante su jornada laboral.
Al no obtener la información directa de la cuidadora -relata el auto-, el redactor de OK Diario acudió a la urbanización en la que se encuentra el domicilio de la cuidadora y abordó a varios vecinos.
La empleada de Iglesias y Montero en un primer lugar restringió las salidas a los parques infantiles de las zonas comunes de la urbanización con los niños a los que cuidaba. A consecuencia de ello, quedó limitada su actividad diaria y la de los menores. Ante la reiteración de los hechos, el 31 de diciembre de 2019 decidió resolver el contrato que mantenía con los querellantes para el cuidado de sus hijos.
El delito de acoso está castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses, aunque si se trata de una persona especialmente vulnerable -como pueden ser unos menores-, la condena sube a prisión de seis meses a dos años.
Este delito figura en el Código Penal (artículo 172 ter) y sanciona a quien acose a una persona de forma insistente y reiterada, incluida la vigilancia, persecución y búsqueda de su cercanía física.
mentesa_bastia escribió:Los antidisturbios cargan sobre una concentración que pedía la dimisión de Ayuso.
Los manifestantes reclamaban frente a la Asamblea de Madrid la mejora de la Atención Primaria y contra los confinamientos selectivos.
A ver,...se puede salir a tocar las cacerolas contra el Gobierno y carear en plan venao con la banderita, pero NO SE PUEDE concentrar nadie para exigir mejoras en la atención primaria de Madrid.
Por algo echaron con cajas destempladas a la comunista ex-directora...el ex-periódico ¿independiente? de la mañana sigue en caída libre. No sirve ni para envolver el bocata
Una juez condena a ‘El País’ a rectificar las noticias contra Rocío Monasterio sobre su pasado profesional
El juzgado de 1ª Instancia nº 49 ha condenado a El País a rectificar unas informaciones sobre Rocío Monasterio en las que denunciaba que la dirigente de Vox había ejercido de arquitecta «sin titulación» y «sin estar colegiada».
El diario del Grupo Prisa publicó varias informaciones bajo titulares como «Los trucos de Rocío Monasterio para suplantar la firma de ‘arquitecta’ (y otros desmanes)» y «El Colegio de Arquitectos archiva la denuncia por intrusismo contra Monasterio porque sólo investiga a sus miembros». En dichas piezas, los periodistas de El País señalan, entre otras cosas, que la dirigente de Vox «ejerció la profesión sin título entre 2002 y 2009, según demuestran numerosos documentos y declaran varios testigos». También que Monasterio «según explica un arquitecto» se había «inventado» un título de máster.
La violencia es el último recurso del incompetente