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Este es el grupo de whatssap que se ha creado para coordinar la manifestacion que tendra lugar en Toledo. Los que esteis interesados meteros en el grupo de whatssap.

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Unión de Uniones de Castilla-La Mancha
Propuestas Electorales 2019
INDICE
Una política para los agricultores y ganaderos profesionales y el medio rural,
en beneficio de toda la sociedad.
Orientar las políticas agrarias en favor de los agricultores y ganaderos cuyas
rentas depende de manera fundamental del trabajo en su explotación.
Un mejor reparto de los pagos directos de la PAC.
Compromisos obligatorios ambientales razonables y compensados
Equilibrio del mercado y competencia leal con los productos importados
Revisión legislativa para priorizar al agricultor y ganadero profesional
Simplificación administrativa y cumplimiento de los plazos de pago y comunicaciones.
Mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria,
con el objetivo de alcanzar un nivel de precios que remunere los costes
productivos y los bienes públicos que aporta su trabajo.
Perseguir el abuso desde la posición de dominio en la cadena alimentaria
Reforzar los estamentos de control e inspección de prácticas comerciales desleales
Promover un reparto equilibrado del valor añadido generado por la cadena
Fomentar una vertebración del sector desde un concepto empresarial y legitimada en
su representación
Impulsar la transparencia y la información en beneficio de productores y consumidores
Valorizar en la contratación pública la alimentación de proximidad, calidad y ecológica
Adecuar los costes productivos de las explotaciones agrarias.
Gasóleo profesional agrario
Suministro eléctrico para el regadío u otros usos agrarios
Auditoría institucional de los costes energéticos y su repercusión a los consumidores
Facilitar a los agricultores el acceso al uso de semillas y material vegetal
Observatorio del precio de los piensos y sus materias primas
Fitosanitarios: más información, más competencia.
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Proporcionar un sustrato fiscal y de seguridad social adecuado a los titulares
de las explotaciones agrarias que ejercen dicha actividad de forma
profesional.
Valoración adecuada del suelo y las construcciones rústicas
Revisión del IVA aplicado a la actividad agraria y el consumo de alimentos
Revisión de algunas normas de tributación del IRPF en la actividad agraria
Bonificación máxima del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de
explotaciones familiares agrarias para la continuidad de la actividad
Modelo adecuado de las contrataciones agrarias, sobre todo, las de carácter eventual
Mejora del cálculo de pensiones de autónomos y trabajadores agrarios
Impulso a un Convenio Agrario Estatal
Desarrollo legal de los trabajos colaborativos en las explotaciones agrarias
Política de agua basada en la planificación de los recursos que garantice las
demandas y en el uso racional de los mismos en base a criterios sociales y
económicos.
Planificación hidrológica basada en la mejor gestión… no en la “no gestión”
Control de las extracciones.
Otras cuestiones Sectoriales y Transversales.
Una sanidad animal que apoye al ganadero, no que lo sacrifique
Mejorar la coordinación en prevención y lucha contra enfermedades animales, tanto a
nivel nacional como comunitario
Reacción apropiada a las alertas de sanidad animal
Prevención y control de daños provocados por la fauna silvestre
Reforzar el sistema de seguros agrarios
Impulsar la renovación del parque de maquinaria agrícola y racionalización de las
inspecciones técnicas
Acabar con la inseguridad en el campo
Impulsar la renovación generacional en el campo
Impulsar políticas de igualdad enfocadas al medio rural
Fomentar la transferencia de Innovación, Digitalización, Economía Circular al sector
agrario
Plan contra el abandono y declive de los municipios rurales
Financiación adecuada para la inversión agraria
#DemocraciaEnElCampoYA
Que los agricultores y ganaderos puedan elegir a sus representantes.

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Propuestas de Unión de Uniones
Elecciones 2019
1. Una política para los agricultores y ganaderos profesionales y el medio
rural, en beneficio de toda la sociedad.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, de cara a las convocatorias electorales para 2019,
quiere subrayar en primer lugar la trascendencia que ha tenido y sigue teniendo el sector
agrario y el medio rural en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Sin necesidad
de acudir a datos sobradamente conocidos, es innegable su peso en parámetros
económicos, sociales, territoriales y medioambientales y que éste ha de tener su reflejo en
los programas electorales y la agenda política de los diferentes partidos que concurren a
las elecciones.
A menudo se acude a macromagnitudes para señalar el diagnóstico del sector agrario y se
pone el acento en términos positivos sobre la evolución de la renta agraria o de la capacidad
exportadora agroalimentaria. No obstante, esas macromagnitudes muy a menudo
enmascaran una realidad más difícil para los agricultores y ganaderos que viven
fundamentalmente del trabajo de su explotación, que sufren con mayor intensidad la
volatilidad de los precios en origen, el encarecimiento nominal y técnico de los costes de
producción y la gestión deficiente de la política agraria por parte de las administraciones.
Las propuestas de Unión de Uniones se orientan fundamentalmente a esos profesionales.
En Castilla-La Mancha hay más de 126.000 personas físicas que declaran ingresos agrarios
en el IRPF y del orden de 120.000 beneficiarios de ayudas directas de la Política Agrícola
Común. Sin embargo, sólo para unos 30.000 sus ingresos agrarios representan más del
25% de sus rentas y sólo unos 23.800 están dados de alta como trabajadores autónomos o
por cuenta propia del sector agrario.
Es contraproducente, para el conjunto de la economía y la población, diseñar las políticas
agrarias pensando en aquellos para quienes la agricultura es un mero complemento de
rentas, o para quienes la ejercen al margen de las exigencias legales para su ejercicio. Las
políticas agrarias deben diseñarse para los profesionales que, por su vinculación económica
y profesional con el sector, son protagonistas de su evolución, y en quienes, por su vocación
de permanencia en la actividad y en el territorio, se puede confiar para alcanzar los objetivos
de competitividad y sostenibilidad de nuestra agricultura y ganadería. Una política así es la
que está demandado el conjunto de la sociedad, porque es la mejor manera de invertir en 5
una alimentación sana, de calidad y aprecios asequibles; en un entorno natural rico y diverso
y en una agricultura ética, sostenible, generadora de empleo, que fije población en los
pequeños municipios y vertebradora del medio rural.
Con este enfoque es con el que Unión de Uniones de presenta sus propuestas, dirigidas a
todas las fuerzas políticas que formarán los legislativos y ejecutivos de todas las
Administraciones competentes, puesto que en 2019 se nos consulta en elecciones
municipales, autonómicas, europeas y generales. En algunos casos, las fuerzas políticas
habrá de tomar las decisiones oportunas y, en otros, promover su adopción, en cada caso
en sus correspondientes ámbitos de competencia o influencia.
Propuestas que se encaminan a:
 Orientar la futura Política Agraria Común de manera que proteja el modelo agrario
sostenible, social y seguro que los ciudadanos europeos hemos decidido hacer
nuestro.
 Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de manera que se produzca un
equilibrado reparto del valor añadido que genera, de manera que se remunere a
agricultores y ganaderos por encima de sus costes productivos y teniendo en cuenta
los bienes públicos que suministran.
 Adecuar los costes productivos de las explotaciones agrarias.
 Proporcionar un sustrato fiscal y de seguridad social adecuado a las especificidades
de la actividad agraria y particularmente de sus profesionales.
 Llevar a cabo una política de agua basada en la planificación de los recursos que
garantice las demandas y en el uso racional de los mismos en base a criterios sociales
y económicos.
 Dar solución a problemas sectoriales y transversales (daños por fauna silvestre,
robos en el campo, sanidad animal, actividad agraria en áreas protegidas, ayudas a
la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha), que son motivo grave de general
preocupación y de perjuicios para los agricultores y ganaderos afectados.
 Superar la brecha en estructuras, infraestructuras y servicios básicos que separa a
los ciudadanos del medio rural del resto de ciudadanos.

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Con estos objetivos generales, Unión de Uniones propone a las fuerzas políticas que
concurren a las elecciones a celebrar durante 2019, la adopción en sus programas
electorales y, lo que es más importante, en sus agendas de gobierno las siguientes medidas.

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2. Orientar las políticas agrarias en favor de los agricultores y ganaderos
cuyas rentas depende de manera fundamental del trabajo en su
explotación.
Es una evidencia que el 90 % de las políticas agrarias que se llevan a cabo en España y en
Castilla-La Mancha emanan de la Política Agrícola Común; por ello una adecuada
configuración y aplicación de sus mecanismos es vital para beneficiar al modelo agrario que
defendemos.
Unión de Uniones propone en el marco de la PAC:
Un mejor reparto de los pagos directos de la PAC.
1. Que los pagos directos queden reservados mediante la definición de agricultor
genuino a aquellos agricultores y ganaderos cuyas rentas dependan en más de
un 25 % de la actividad agraria. Esta definición no excluye la pluriactividad y se
puede instrumentar, además, una franquicia de 1.250 euros con objeto de evitar
las exclusiones de algunos sectores sociales del medio rural.
2. Aplicación de los elementos de reducción progresiva de los montantes de ayuda
y de ayudas redistributivas para un reparto más equilibrado de los pagos directos.
Los términos expuestos por la Comisión en sus propuestas legislativas resultan
adecuados.
3. Establecimiento de un pago complementario para los agricultores y ganaderos
cuyas rentas dependan en más de un 50 % de la actividad agraria.
4. Despatrimonialización de los pagos directos mediante la sustitución de derechos
con referencias históricas por referencias basadas en el potencial
agroeconómico.
Compromisos obligatorios ambientales razonables y compensados
5. No intensificación de las exigencias ambientales en la futura PAC. Cualquier
eventual mayor intensificación de estas exigencias por encima de las actuales

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debe ser voluntarias o, en todo caso, compensada íntegramente a aquellas
explotaciones agrarias que queden obligadas a su cumplimiento.
6. Establecer, en la aplicación en España de la PAC actual, prácticas equivalentes
consideradas como prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el
medioambiente para que no sea obligatorio abandonar capacidad productiva.
Equilibrio del mercado y competencia leal con los productos importados
7. Recuperación de los mecanismos de reequilibrio de los mercados internos, en
particular de las reservas estratégicas.
8. Recuperación del principio de preferencia comunitaria en las negociaciones
comerciales con países terceros en materia agroalimentaria y, en todo caso,
exigencia a las mercancías importadas de los mismos altos estándares éticos,
laborales, ambientales, cualitativos, sanitarios y de seguridad alimentaria que se
requiere de las producciones europeas.
Revisión legislativa para priorizar al agricultor y ganadero profesional
En el marco del margen de las políticas nacionales y regionales:
9. Priorizar en todas aquellas actuaciones políticas en las que sea posible,
competencia de las administraciones estatal o autonómica, a los agricultores y
ganaderos profesionales.
10.Proceder a una revisión y actualización tanto de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de las explotaciones agrarias; como de la Ley 4/2004, de 18 de
mayo de 2004, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La
Mancha; ambas en vigor, pero cuya aplicación en beneficio de los agricultores y
ganaderos profesionales es deficiente.
Simplificación administrativa y cumplimiento de los plazos de pago y comunicaciones.
11.Los agricultores y ganaderos están obligados en todas sus relaciones con la
Administración, y también en la tramitación de sus solicitudes de ayudas y en la
ejecución de las medidas auxiliadas, al cumplimiento estricto de una serie de
plazos cuya inobservancia les acarrea negativas consecuencias. Sin embargo, la

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propia administración no se aplica la misma regla en cuanto a fechas de pago o
comunicaciones. Las más de las veces porque no la Administración evita
comprometerse a fechas concretas y, en ocasiones, porque directamente las
sobrepasa. Esto es especialmente acusado en el caso de Castilla-La Mancha, en
algunas medidas derivadas del programa de desarrollo rural y ocasionalmente en
otras, como por ejemplo las de reestructuración y reconversión de viñedo. Por lo
tanto, toda convocatoria de ayudas debe incluir entre sus disposiciones plazos
razonable de pago de las mismas y compensaciones a los interesados por los
retrasos producidos.
12.Por otra parte, la Administración hace un uso abusivo de la norma de silencio
administrativo negativo, cuando en realidad la legislación prevé, en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, exactamente lo contrario.
Debe asumirse el compromiso por parte de los ejecutivos de utilizar con carácter
general el silencio positivo y sólo en causas excepcionales y justificadas el silencio
negativo.
13.Universalizar, diseñar o revisar por parte de las Administraciones Públicas Planes
de Simplificación que reduzcan de manera real y sustancial la carga burocrática
para los administrados, con un enfoque especial hacia agricultores y ganaderos.
Las normativas aplicables a la actividad agraria son cada vez más complejas y
multiplican la frecuencia de las relaciones entre la administración y los
agricultores y ganaderos. Pese a las reiteradas alusiones a la simplificación en el
marco de la PAC y en otros ámbitos, ésta nunca ha llegado y hay que programar
y planificar la adopción de medidas que la hagan realidad.

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Mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena
alimentaria, con el objetivo de alcanzar un nivel de precios que remunere
los costes productivos y los bienes públicos que aporta su trabajo.
Ningún gobierno puede imponer precios mínimos en origen a los productos agrarios, ni
referencias obligatorias al coste de los medios de producción. No obstante, en cumplimiento
de sus atribuciones en el ordenamiento de la economía y del mandato constitucional de
atender de forma particular a la modernización y desarrollo de la agricultura y de la
ganadería, si puede y debe promover políticas activas destinadas a equilibrar el reparto del
valor añadido generado a lo largo de la cadena y mejorar con ello la posición de los
agricultores y ganaderos.
Unión de Uniones propone:
Perseguir el abuso desde la posición de dominio en la cadena alimentaria
14.Revisión de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria. Entre otras posibles mejoras, dicha
revisión debe:
a. Establecer una relación de prácticas comerciales desleales, incorporando
entre otras las recogidas por la Propuesta de la Comisión Europea de Directiva
relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas
en la cadena de suministro alimentario.
b. Establecer un porcentaje del 8 % de cuota de mercado de la industria
agroalimentaria, de la distribución y del comercio minorista que debe ser
considerada como de posición de dominio en un mercado de referencia, a
partir del cual las prácticas abusivas ejercidas desde dicha posición de
dominio pueden ser perseguidas y sancionadas.
15.Modificando la regulación de la venta a pérdidas en toda la cadena alimentaria,
de forma que incorpore todos los gastos directos e indirectos incurridos y no sólo
el precio de compra, contribuyendo así a evitar el uso ilícito de productos agrarios
como reclamo comercial.

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16.Revisión de la normativa sobre regulación del comercio minorista para adaptarla
a la irrupción de las grandes plataformas de distribución on-line.
Reforzar los estamentos de control e inspección de prácticas comerciales desleales.
17.Reforzando los medios personales y materiales de la Agencia de Información y
Control Alimentarios y su jerarquía orgánica de manera que pueda realizar con
toda eficacia su labor de garante del cumplimiento de la Ley 12/2013.
18.Reforzar los medios de los servicios de inspección de consumo de la Comunidad
Autónoma de manera que puedan realizar con toda eficacia las competencias de
control y sanción en el cumplimiento de las normativas relativas a calidad
alimentaria, etiquetado, venta a pérdidas y otras prácticas contrarias a un
funcionamiento equilibrado de la cadena que operan en contra de los productores
y los consumidores.
Promover un reparto equilibrado del valor añadido generado por la cadena
19.Perseguir en la UE una armonización de las normas de competencia aplicables a
la cadena alimentaria, tendente a una implementación que no provoque
distorsiones de mercado entre Estados miembros y siempre con el objetivo de
reequilibrar el reparto del valor añadido de la cadena alimentaria.
20.Favorecer las relaciones estratégicas entre los eslabones de la cadena
alimentaria. Los contratos sin un refuerzo en la posición de la negociación por
parte de los agricultores y ganaderos, simplemente sirven para atar a éstos a las
condiciones unilateralmente impuestas por parte de los eslabones más poderosos
de la cadena. De la misma manera que las ayudas a los agricultores y ganaderos
se condicionan a la orientación de su actividad hacia el cumplimiento de objetivos
de interés general (ambientales, sectoriales, éticos…), las ayudas públicas al resto
de operadores deben condicionarse al cumplimiento de la regulación de las
normas de buen funcionamiento de la cadena alimentaria y priorizarse sobre
aquellos operadores que establezcan relaciones estratégicas de suministro con
el sector productor que asegure a los agricultores y ganaderos precios
suficientemente remuneradores.
21.En Castilla-La Mancha lo anterior debe implantarse específicamente en las ayudas
denominadas FOCAL dependientes del Programa de Desarrollo Rural y en otras

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como las de Inversión y Promoción del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola, así
como en cualquier otra dirigida a empresas privadas destinadas a mejorar sus
estructuras de transformación o comercialización. Resulta llamativo que, por
ejemplo, esto no esté exigiendo para las bodegas que reciben ayudas a la
promoción de países terceros; mientras que se pone como criterio de prioridad
para el viticultor en las ayudas de reestructuración que entreguen uva a estas
bodegas.
22.Clarificar normativamente el emprendimiento de agricultores y ganaderos de
iniciativas de venta directa o canales cortos. Los canales cortos de
comercialización o de proximidad y de venta directa, pueden ser instrumentos en
manos de los productores y sus asociaciones para integrar en la fase productiva
parte del valor añadido de la cadena. No obstante, se encuentran con obstáculos
regulatorios derivados de la complejidad, diversidad, dispersión y falta de
homogeneidad territorial de las normativas que les afectan y que se refieren tanto
a las condiciones de comercialización de los productos (higiene, manipulación,
envasado, conservación, transporte, etiquetado…) como al encuadre tanto fiscal
como en la seguridad social del propio agricultor y ganadero emprendedor. Los
adecuados apoyos públicos, deben complementarse con la imprescindible
normalización regulatoria de este modelo de comercialización de manera que
eliminen las barreras legislativas que en la actualidad obstaculizan su desarrollo.
Fomentar una vertebración del sector desde un concepto empresarial y legitimada en
su representación
23. Impulsar un modelo asociativo agrario que, sin abandonar el modelo social de
alguna de las fórmulas, asuma en concepto más empresarial en la arquitectura
participativa, en el proceso de toma de decisiones, en su línea productiva y en los
canales de implantación en el mercado.
24.Garantizar la legitimidad de la composición, funcionamiento y decisiones de las
Organizaciones Interprofesionales. Las organizaciones interprofesionales están
llamadas a tener un papel relevante en la vertebración del sector agroalimentario.
Sin embargo, para ello, su composición y los acuerdos que adopten deben contar
con un respaldo acreditado suficiente por parte de aquellos a quienes sus
decisiones afectan. En la actualidad, la mayor parte de las Organizaciones
Interprofesionales se han constituido a partir del reconocimiento mutuo de una
representatividad por parte de sus entidades miembro. Esa representatividad
auto-reconocida no está acreditada mediante su cesión expresa por parte de los

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agricultores y ganaderos a los que recaudan cuotas interprofesionales para
financiar la actividad de la Interprofesional. Por lo tanto, debe disponerse un
sistema objetivo y fehaciente de acreditación de la representación en las
producciones afectadas en todas y cada una de las ramas profesionales.
Impulsar la transparencia y la información en beneficio de productores y
consumidores
25.Universalizar el etiquetado de origen de los productos alimentarios, de manera
que los consumidores puedan tomar decisiones responsables y poner en valor
nuestro modelo productivo y la labor de nuestros agricultores y ganaderos.
26. Dotar al mercado de herramientas de transparencia, tales como observatorios de
precios en origen, observatorios de precios de costes de producción y estudios
institucionalizados sobre la cadena de valor de los productos agrarios desde la
producción al consumo.
27.Desarrollar el sistema para la resolución de conflictos que se contempla en el
Código de Buenas Prácticas Agrarias. Especialmente poner en marcha una
sección especializada de mediación y arbitraje en el sector agroalimentario
Valorizar en la contratación pública la alimentación de proximidad, calidad y ecológica
28.Profundizar en la actual regulación sobre contratos públicos, de manera que entre
los criterios de selección primen en las instalaciones públicas (residencias,
colegios, hospitales…) la contratación de aquellas ofertas que suministren
productos de producción ecológica, de proximidad o acogidas a figuras de
calidad diferenciada.

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Adecuar los costes productivos de las explotaciones agrarias.
Los agricultores y ganaderos están sufriendo en los últimos años un encarecimiento
importante de los costes de producción, particularmente en lo que se refiere a los
energéticos. La liberalización de los mercados, que debería haber operado en beneficio de
los consumidores y usuarios, parece que en este ámbito ha actuado precisamente en
sentido contrario. El precio del combustible y la electricidad están fuertemente gravados en
términos fiscales y, además, su comportamiento parece no ajustarse estrictamente al
mercado.
Por otra parte, inputs importantes para la producción como las semillas y otro material
vegetal y los piensos, necesitan igualmente de actuaciones con objeto de adecuarlos y que
no supongan un factor limitante a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Por lo tanto, Unión de Uniones propone:
Gasóleo profesional agrario
29.Creación de un gasóleo profesional agrícola, ganaderos y forestal para el
consumo en todos los usos ligados a la actividad de las explotaciones, mediante
la aplicación de los tipos impositivos más bajos posible tanto para el IVA, como
para el Impuesto Especial de Hidrocarburos y con un sistema de gestión simple
para los profesionales del sector.
Suministro eléctrico para el regadío u otros usos agrarios
30.Establecimiento de una modalidad de contrato de acceso al suministro eléctrico
para regadío que contemple la posibilidad de disponer de dos potencias
diferentes a lo largo de 12 meses, en función de las necesidades de esta actividad.
31.Fomento de las instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovables
para las explotaciones agrarias, mediante las reformas legales y los incentivos
económicos adecuados.

Una pregunta de la mano de quien váis ,los puntos son el resultado de alguna reunión previa o cómo funcionais .

Union de uniones

Dos cosas:

1. Intentaré ir, aunque no con tractor pues me pilla lejos.

2. Me he puesto a escribir sin terminar de leer... me parece muy extenso y farragoso el manifiesto.

El manifiesto da para un fin de semana, algunos aveis recibido la carta de clausura de algún pozo .

Pues quedan hasta 125 puntos, ya los ire poniendo.

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Auditoría institucional de los costes energéticos y su repercusión a los consumidores
32.Asegurar la libre competencia y garantizar la no existencia de prácticas contrarias
a la misma en los costes energéticos, mediante la auditoria por parte del gobierno
de dichos costes, tanto en gasóleo como en electricidad, así como de la
repercusión de los mismos sobre el precio al consumo.
Facilitar a los agricultores el acceso al uso de semillas y material vegetal, protegido y
libre de derechos
33.Aliviar la presión de los agricultores en relación al uso protegido de semillas y
otros materiales vegetales de reproducción. Es necesario trasladar al
ordenamiento español las excepciones en favor de los productores agrarios que
los reglamentos comunitarios contemplan al derecho de obtentor de variedades
vegetales y limitar razonablemente estos derechos, suprimiendo los royalties a
partir de las semillas R2.
34.Reformar el Código Penal para que la protección del derecho de obtentor no
derive en penas desproporcionadas. Las penas deben diferenciar entre el uso
indebido de material vegetal en la propia explotación y el uso comercial indebido,
porque el daño ocasionado al obtentor no es comparable.
35. Incrementar los esfuerzos públicos en investigación de semillas y material vegetal
autóctono, libres de derechos de obtentor y disponibles para los productores a
través de bancos públicos.
Observatorio del precio de los piensos y sus materias primas
36.Crear en el marco de las medidas de transparencia a los mercados propuestas
un Observatorio del precio de la alimentación animal, que detecte disfunciones
entre la evolución de los precios de las materias primas y del precio de los piensos
y proponga, en su caso, las medidas correctoras que las administraciones
competentes deben adoptar.

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Fitosanitarios: más información, más competencia.
37. Introducir la obligatoriedad de informar a los consumidores mediante medios
adecuados de las diferencias normativas existentes en cuanto a materias activas
fitosanitarias utilizadas en la producción y post-cosecha de los productos
alimentarios procedentes de terceros países respecto de las normas de la UE,
incluso aunque existan para dichas materias establecido un Límite Máximo de
Residuos en el mercado comunitario.
38.Adoptar medidas contra el oligopolio existente en la concesión de autorizaciones
en los formulados de materias activas de productos fitosanitarios, para favorecer
una competencia más libre que redunde en beneficio de los agricultores y
ganaderos usuarios de estos productos.

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Proporcionar un sustrato fiscal y de seguridad social adecuado a los
titulares de las explotaciones agrarias que ejercen dicha actividad de
forma profesional.
Tanto el sistema fiscal como el de seguridad social, constituyen un marco que los
agricultores y ganaderos debe asumir y asumen. Sin embargo, hay que considerar que la
actividad agraria produce bienes de primera necesidad y dicho marco debe favorecer la
garantía de abastecimiento de los mismos a un precio accesible y en términos satisfactorios
de sanidad y calidad. Además, en determinadas cuestiones, el marco no contempla
suficientemente las especificidades de la actividad o la realización de ésta por parte de las
explotaciones familiares y profesionales.
Por lo tanto, Unión de Uniones propone en el apartado fiscal:
Valoración adecuada del suelo y las construcciones rústicas
39.Reformar la Ley del Suelo de manera que se retorne a una valoración del suelo
agrario basado en parámetros comparativos con fincas análogas y no a partir de
la capitalización de la renta potencial.
40.Corregir las valoraciones excesivas que el proceso de regularización catastral
está provocando sobre las construcciones vinculadas a las actividades agrícolas
y ganaderas debido a la ausencia de una ponencia específica para estas
construcciones.
Revisión del IVA aplicado a la actividad agraria y el consumo de alimentos.
41.Aplicación del tipo superreducido del IVA para los alimentos, tanto de nutrición
humana como animal, como a los bienes y servicios destinado a la producción de
los mismas que no se benefician ya del mismo. Aplicación del tipo reducido del
IVA para las bebidas alcohólicas de baja graduación, incluido el vino.
42.Equiparación del IVA compensatorio de la ganadería al de la agricultura en el 12
% para el Régimen Especial Agrario del IVA.
43. Impulso ante la UE de la modificación de la Directiva 2006/112/CE con objeto de
permitir la aplicación del IVA reducido al IVA en la maquinaria agrícola.

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Revisión de algunas normas de tributación del IRPF en la actividad agraria
44.Mantenimiento en el marco de posibles futuras reformas de un régimen de
tributación adecuado a las explotaciones agrarias de agricultores y ganaderos
profesionales. El actual modelo de estimación objetivo por signos, índices o
módulos responde a esa exigencia, si bien resulta procedente una revisión del
mismo, acomodando los índices de rendimiento al encarecimiento de los costes
de producción.
45. Incluir una exención en el IRPF para las reinversiones en las explotaciones de las
expropiaciones.
46.Elevar al 10% los gastos de difícil justificación en el IRPF.
47. Introducir en el sistema de tributación del IRPF por módulos para la actividad
agraria un nuevo coeficiente reductor del 0,90 por producciones ganaderas
relazadas en granjas o explotaciones pecuarias arrendadas, similar al aplicable a
las producciones agrícolas en tierras arrendadas.
Bonificación máxima del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de
explotaciones familiares agrarias para la continuidad de la actividad
48.Reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de manera que se dispense
el tratamiento fiscal más favorable a los bienes o propiedades que se transmiten,
no como meros elementos patrimoniales, sino como activos productivos para
seguir desarrollando una actividad generadora de empleo. En Castilla-La Mancha
cabe señalar que se aplica un método bonificaciones progresivas de manera en
función del importe de la base liquidable en tramos que, dado el nivel de inversión
en tierras, equipamientos e instalaciones que conlleva la actividad agraria, pueden
quedarse cortos para muchas explotaciones familiares de titulares profesionales
se beneficien de las bonificaciones máximas previstas.
Igualmente se considera necesaria la adopción de determinadas medidas en el campo de
la Seguridad Social, por lo que se propone:

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Modelo adecuado de las contrataciones agrarias, sobre todo, las de carácter eventual
49.Diseñar un modelo de contratación agraria adaptada a la estacionalidad y
especificidades de las campañas agrícolas y, en particular del empleo eventual,
que compatibilice la necesaria agilidad de altas y bajas y de flexibilidad en ciertas
cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos (por ejemplo, en las
revisiones médicas requeridas), con las mayores garantías del respeto de los
derechos de los trabajadores. Avanzar en modelos de contrato único
50.Modular las bonificaciones del coste social de las contrataciones agrarias, con el
fin de que el tipo efectivo de cotizaciones por contingencias comunes no supere
en ningún caso el 18,75%. La integración de los trabajadores agrarios por cuenta
ajena en el Régimen General debería haberse producido en la reforma del sistema
sin incremento de costes que perjudicase la competitividad y el empleo en las
explotaciones agrarias. No obstante, el aumento de los costes sociales debido a
aquella reforma fue del 68 % para las contrataciones con carácter fijo y del 140%
para las contrataciones eventuales, resultando perjudicados en mucha mayor
medida las explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión. Es
necesario corregir esa situación.
Mejora del cálculo de pensiones de autónomos y trabajadores agrarios
51.Superar la discriminación que supone para los autónomos y los trabajadores
agrarias tanto por cuenta ajena como por cuenta propia la no integración de
lagunas de cotización en el cálculo de las pensiones. En el Régimen General de
la Seguridad Social las lagunas de cotización, cuando no existe obligación de ella,
se integran en el cálculo del importe de sus pensiones de manera que el mismo
no se vea perjudicado excesivamente por dichas lagunas. La ausencia de este
mecanismo para los autónomos y los trabajadores agrarios por cuenta propia y
por cuenta ajena, penaliza la base reguladora y representa para discriminación en
cuanto a que recibirán una cuantía de jubilación inferior a la que recibirían a
igualdad de cotizaciones en el Régimen General.
Impulso a un Convenio Agrario Estatal
52. Impulsar desde el Gobierno de la Nación un Convenio Estatal Agrario para
Trabajadores por Cuenta Ajena que establezca un marco normalizado común y
supla las ausencias de convenios de ámbito inferior. En la negociación, en la parte
empresarial, debe haber una representación adecuada de la agricultura familiar,

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cuyos intereses no necesariamente se alinean siempre con los grandes
contratadores.
Desarrollo legal de los trabajos colaborativos en las explotaciones agrarias
53.Desarrollar reglamentariamente el Estatuto de los Trabajadores de manera que
se elimine la inseguridad jurídica que afecta a los trabajos colaborativos previstos
en su artículo 1.3. No puede producirse que la colaboración familiar o incluso en
razón de amistad que no implica ninguna relación laboral, ni existe ánimo
retributivo, ni contraprestación (tal y como está previsto en el Estatuto de los
Trabajadores) sean perseguidos y sancionados como fraudes a la Hacienda
Pública o la Seguridad Social cuando no es tal.