La reversión de los deterioros de activos y provisiones de gastos registrados en los estados financieros de 2021, como consecuencia de las sentencias de la Audiencia Nacional, tendrá un impacto positivo estimado de 169 millones de euros en el beneficio de la empresa de 2022.
Los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo han resuelto los recursos presentados tanto al procedimiento seguido a instancia de Greenpeace España como al iniciado por el Ayuntamiento de Pontevedra. La decisión se ha tomado por mayoría y cuenta con el voto particular de la magistrada Ángeles Huet.
En una nota -el contenido íntegro de las sentencia se conocerá en los próximos días-, la Sala considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la ley general de Costas de 1988, siempre que consten informes medioambientales favorables, como en el presente caso. Y es que, en el asunto analizado, constaban informes propicios de la Administración en esa materia.
La sala de lo contencioso ha estimado los recursos presentados por Ence y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la resolución, de 20 de enero de 2016, de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que otorgó a Ence una prórroga de 60 años de la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre destinada a fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra.
Ambos procesos desembocaron en sendas sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga que, a principios de 2016, le otorgó el Gobierno en funciones de Rajoy para que la fábrica continuara su actividad en la ría de Pontevedra hasta el año 2073. La Audiencia Nacional determinó que la prórroga concedida por el Gobierno para mantener la fábrica de Pontevedra en terrenos de dominio público marítimo-terrestre incumplía la ley de Costas y anuló dicho permiso, que se extendía hasta el año 2073.
Los hechos se remontan a 2021, cuando la Audiencia declaró la nulidad de la prórroga de la concesión de dominio público marítimo terrestre en la que se asienta la papelera de Pontevedra. La Audiencia Nacional concluyó que dicha autorización infringió la ley de Costas que, entre otras cuestiones, solo permite actividades en el dominio público marítimo-terrestre que por su naturaleza, no por razones de interés o conveniencia, no puedan ubicarse en otro lugar.
En el caso de la fábrica de Ence en Pontevedra, según el tribunal, esa circunstancia no fue acreditada, por lo que revocó el permiso obtenido por la compañía para mantener su actividad industrial en los 373.000 metros cuadrados que ocupa en la ría de Pontevedra.
Una de las cuestiones que más preocupaba a empresas y sindicatos sobre cierre de la fábrica era su impacto en el empleo. Su actividad compromete unas 5.100 familias de forma directa e indirecta (propietarios forestales, transportistas, empresas auxiliares, etc.), especialmente en el sector forestal gallego.
