Page: ‘El PHN está siendo vulnerado por el gobierno central, socavando los intereses de Castilla-LM

El consejero Portavoz de la Junta de Castilla-LM, Emiliano García-Page, ha señalado que “el Plan Hidrológico Nacional es un acuerdo con rango de Ley, aprobada en el Congreso de los Diputados, sobre el que se está produciendo una vulneración evidente y grave por parte del Gobierno de España al priorizar las obras del Levante, socavando con ello los intereses y derechos de Castilla-La Mancha, que es la que cede el agua en este caso”.

Así explicaba ayer en rueda de prensa el consejero Portavoz la decisión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de emprender las acciones legales oportunas contra el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó, tras haber transcurrido más de un mes desde que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentara, al Ministerio de Medio Ambiente, un requerimiento contra dicha obra y no habiendo recibido respuesta alguna al mismo.

De esta forma, el Consejo de Gobierno aprobó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas en virtud del cual se aprobó esta conducción, exigiendo al Ministerio de Medio Ambiente que anule la aprobación del trasvase Júcar-Vinalopó o la suspenda, hasta tanto no se cumplan los compromisos que contempla el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) con Castilla-La Mancha.

Emiliano García-Page subrayó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ratificó el acuerdo del Plan Hidrológico Nacional (PHN) porque recogía todas las demandas que en materia hidráulica realizaba nuestra Comunidad Autónoma, “estableciendo, no sólo las cantidades de agua que deben corresponder a cada cuenca de España y el orden de preferencia de sus usos, sino marcando también el orden de prioridades en el desarrollo de las obras previstas en el Plan”.

El incumplimiento en este orden de preferencia de las obras que se deben de acometer por parte del Gobierno de España, ha sido calificado por el consejero Portavoz como “una utilización unilateral y absolutamente sectaria del Plan Hidrológico Nacional” y ha añadido que “debe de producirse un giro en la gestión del Plan por parte del Gobierno central y si no lo hacen desde el punto de vista político lo tendrán que hacer por decisión judicial”.

El PHJ establece que se podrán enviar hasta 80 hectómetros cúbicos de agua del Júcar, pero siempre “con los recursos sobrantes” y “una vez satisfechas las necesidades anteriores”, entre las que se incluyen la consolidación de los regadíos de La Mancha Oriental, en las provincias de Albacete y Cuenca. Estas actuaciones son, pues, prioritarias frente a las del trasvase Júcar-Vinalopó, por lo que no se entiende que hayan comenzado estas obras sin haber avanzado un ápice en el desarrollo y modernización de los regadíos de esta zona de la región. Además, el PHJ reserva 145 hectómetros cúbicos para esa finalidad, que no se pueden utilizar mientras el Ministerio no haga las obras de toma y conducción.

A ello se suma que el Plan de Cuenca dice claramente que el Júcar-Vinalopó es un trasvase interno, por lo que debe cumplir los mismos requisitos que los del Plan Hidrológico Nacional, entre los que destacan unas normas de explotación, un régimen económico y la garantía de que este trasvase no mermará los caudales de los aprovechamientos existentes, entre los que se incluyen los de Castilla-La Mancha.

Malgaste de dinero público

El portavoz del Ejecutivo regional ha considerado que ante la respuesta “inadmisible” que ha dado el propio Estado “de que no se van a utilizar esas obras del trasvase Júcar-Vinalopó mientras no se hagan las primeras previstas es simplemente un llamamiento a malgastar el dinero público en hacer unas obras para que se deterioren antes de su uso, o llanamente mienten al contravenir de manera expresa lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional”.

Emiliano García-Page ha expresado la confianza del Gobierno regional en que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo “respalde nuestra posición, porque no sólo nos ampara un acuerdo político sino un acuerdo con rango legal, aprobado en el Congreso de los Diputados y que vincula a todos los españoles, tanto a los que les gusta el Plan Hidrológico Nacional como a los que no”.

El consejero ha recordado que el PHN “no es un problema sólo de Castilla-La Mancha ni se ha hecho con el consenso absoluto en España”, ante la oposición que encontró a nivel nacional, las manifestaciones que ha provocado en algunas comunidades autónomas o las dificultades económicas y administrativas que ha encontrado en los ámbitos europeos.

Por ello, según ha dicho Emiliano García-Page, “el Gobierno de Castilla-La Mancha desea transmitir al Ejecutivo de España la reflexión de que no pongan en peligro el Plan Hidrológico Nacional al desarrollarlo de forma unilateral, dando así la razón a todos aquellos que en su momento se opusieron a él”.

JCCM

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