La organización ecologista Greenpeace ha expresado su rechazo a los nuevos
planes de construcción de campos de golf en el levante español que
serán regados con agua procedente del trasvase del Ebro. Serán 34
en Murcia, 24 en Alicante, 5 en Valencia y 3 en Castellón. La mayoría
de ellos rodeados de complejos hoteleros y residenciales que duplicarán
la población actual en muchos casos. Esta es la situación de insostenibilidad
total derivada de la aprobación el año pasado del Plan Hidrológico
Nacional.
"Como era previsible, el actual PHN del Gobierno Español fomenta
el derroche y el uso irracional del agua", ha declarado María José
Caballero, de la Campaña de Aguas de Greenpeace.
Un campo de golf demanda aproximadamente 1.500 litros de agua por metro cuadrado
y año. Si la extensión media de estos campos es de 50 hectáreas,
las necesidades hídricas se sitúan en torno a los 750.000 metros
cúbicos. La elevada salinidad y mala gestión que se hace de las
aguas residuales en estas áreas, impide utilizarlas para el riego de
los campos de golf, ya que la hierba utilizada en estos campos no puede sobrevivir
con agua de la mala calidad.
A los campos de golf hay que sumar las 2.000 hectáreas vírgenes
que quedarán destruidas en Murcia por la construcción de 20.000
alojamientos, el continuo aumento de los regadíos ilegales y los graves
problemas de contaminación de las aguas en el Sureste español;
Murcia acaba de ser expedientada por incumplir las normas de depuración
de aguas por la Unión Europea, que además se plantea suspender
los Fondos Comunitarios.
El Ministro de Medio Ambiente ha declarado en repetidas ocasiones que no se
utilizaría ni un solo litro del agua del trasvase para regar campos de
golf. Estas declaraciones quedan en entredicho ante esta realidad. Parece que
se destapan los verdaderos intereses ocultos tras el PHN: no existen las cuencas
"deficitarias", sólo derroche de agua.
Cuando la Unión Europea está intentando caminar hacia un desarrollo
sostenible, donde todos sus recursos naturales sean gestionados de modo responsable,
el Gobierno Español muestra un total desprecio a estas tesis y sigue
fomentando una política de aguas basada en la destrucción de ríos
y deltas y la inundación de los valles para satisfacer actividades recreativas
que enriquecerán sólo a unos pocos.
La aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional ha estado
rodeada de una gran polémica y de una movilización social sin
precedentes. Los opositores al PHN piden un Plan Hidrológico basado el
uso eficaz de los recursos hídricos, donde se premie el ahorro y se eliminen
las prácticas derrochadoras.
"El Sureste español está sumido en una espiral de desarrollo
insostenible que estamos pagando todos los españoles y que tendrá
consecuencias imprevisibles. España, que actualmente ostenta la Presidencia
de la Unión Europea, debería estar liderando la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la UE, pero lejos de ello potencia un modelo de gestión
totalmente contrario a los principios de sostenibilidad", añadió
Caballero.
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